El 5 de diciembre de 2023 se aprobó el Reglamento del Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, más conocido como la Ley Antifraude.
OJO: Aunque abordaremos todos los aspectos en este artículo, nos enfocaremos principalmente en las regulaciones que se están implementando en los programas de contabilidad y facturación.
La Ley Antifraude, tal como su nombre sugiere, es una legislación amplia diseñada para combatir el fraude fiscal. Esta ley abarca diversos aspectos, como sucesiones, criptomonedas, pagos en efectivo y paraísos fiscales.
La Ley Antifraude intenta luchar contra el fraude fiscal y los diferentes modos de cometerlo en la actualidad, especialmente los que ocultan ingresos en efectivo.
Por lo general, los negocios que hacen uso de esta práctica suelen contar con dos formas de realizarlo:
Se refiere a programas que posibilitan llevar una contabilidad 'oficial' para Hacienda, además de otra contabilidad oculta o en 'B', lo que facilita la omisión de declarar parte de las ventas para evadir impuestos como el IVA o el IRPF.
La Ley Antifraude busca penalizar por primera vez el uso y la producción de este tipo de software.
La iniciativa también persigue regular los pagos en efectivo. Para ciertas actividades económicas, se reduce el límite de 2.500 a 1.000 euros, con sanciones del 25% del monto de la operación para los infractores.
Además, se disminuye de 15.000 a 10.000 euros para los particulares con domicilio fiscal fuera de España.
Los establecimientos permanentes en territorio español que brinden servicios relacionados con monedas virtuales deben informar sobre los saldos de estas. Asimismo, se requiere reportar las operaciones con monedas virtuales, como adquisiciones, transmisiones y transferencias.
La ley también profundiza en el concepto de paraísos fiscales, cuya lista será actualizada periódicamente. Estos se conocen como 'jurisdicciones no cooperativas', y su relación es de alcance internacional.
La Ley Antifraude impacta tanto a las empresas y autónomos con sede en España como a los fabricantes de software de facturación y contabilidad.
Esta normativa les exige contar con un software de facturación, ya sea uno gratuito proporcionado por el Estado o una solución ofrecida por un proveedor privado.
La ley afecta principalmente a los fabricantes, productores y distribuidores de software de contabilidad, facturación o gestión, que deben adaptar sus productos a una serie de requisitos que examinaremos más adelante.
A pesar de la rigurosidad de la normativa, existen algunas excepciones para:
Hasta la entrada en vigor de la Ley Antifraude, el fraude era un delito, pero el uso de software de doble uso no estaba penalizado. La Ley Antifraude modifica esto al castigar la posesión de este tipo de programas.
Se imponen multas a aquellos que no se adapten, tanto a los usuarios como a los proveedores. Las sanciones alcanzarán:
La reforma del software antifraude entró en vigor el 11 de octubre de 2021 y el Consejo de Ministros aprobó el reglamento el 5 de diciembre de 2023. Es en este reglamento donde se explican los requisitos que deben cumplir los programas de facturación.
Los desarrolladores y fabricantes tienen hasta nueve meses desde la aprobación del reglamento para adaptarse a la normativa, es decir, hasta el 5 de septiembre de 2024.
Este reglamento se aplicará a todas las empresas y autónomos que utilicen software de facturación a partir del 1 de julio de 2025.
A pesar de tener varias cosas en común, estas normativas son diferentes.
Lo que comparten estas normativas es la obligación de utilizar un programa de facturación en la nube que permita emitir facturas electrónicas.
Para asegurar que todos estos requisitos se cumplen, el reglamento de la Ley Antifraude establece que los productores de software de gestión deben certificar que sus productos garanticen la integridad, conservación, legibilidad, trazabilidad, accesibilidad e inalterabilidad de los registros.
El software deberá generar una factura y su registro en el sistema por cada transacción y estas deben incluir:
El software deberá usar una estructura de código como una tabla hash encadenada. Esta se utiliza para almacenar y recuperar datos de manera eficiente. Funciona como una especie de ‘mapa’ o ‘diccionario’ en el que se pueden asociar claves con valores.
Esta permite realizar operaciones de manera muy eficiente, y ofrece seguridad y trazabilidad en la contabilidad.
El software deberá tener la capacidad de remitir de forma segura los registros de facturación a la Agencia Tributaria. Esta conexión debe ser continuada, segura, correcta, íntegra, automática, consecutiva, instantánea y fidedigna.
Cada registro y su firma correspondiente debe estar a disposición de la Administración cuando esta lo solicite.
El software deberá impedir la modificación, anulación y encubrimiento de datos y garantizará la trazabilidad de los mismos. También se debe poder verificar su rastro siguiendo la secuencia de creación desde el primer al último paso.
El software deberá disponer de un registro de eventos o de actividad en el que se guarden determinadas interacciones, operaciones o sucesos ocurridos durante su uso.
Este debe recoger automáticamente todas las interacciones con la plataforma, las operaciones realizadas y los sucesos producidos durante su uso, como el arranque y parada del sistema, la entrada y salida de usuarios, los errores producidos, la instalación inicial y las actualizaciones realizadas.
Si utilizas un software de gestión para emitir tus facturas y deseas saber si necesitas ajustarte a la Ley Antifraude, te ofrecemos algunos consejos:
Es esencial que tú y tu equipo estén informados sobre los detalles de la ley y sus implicaciones. Puede ser necesario brindar capacitación sobre facturación electrónica y cómo cumplir con los requisitos legales.
En caso necesario, revisa y actualiza tus sistemas de facturación y contabilidad para garantizar su compatibilidad con las regulaciones de la Ley Antifraude.
Es fundamental cumplir con los plazos establecidos por la ley para evitar sanciones y multas. Asegúrate de que tu software de facturación se ajuste a la normativa antes del 1 de julio de 2025.
Si tienes dudas o necesitas asesoramiento específico sobre cómo cumplir con la Ley Antifraude, considera consultar con un profesional en contabilidad o fiscalidad como Asesorae.
