Según los datos más recientes de afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) proporcionados por la Seguridad Social, se evidencia un crecimiento constante en el número de individuos procedentes de otros países que optan por iniciar un negocio en España. En concreto, tras registrar un aumento de 20.293 autónomos extranjeros durante el año 2022, la cifra total de trabajadores por cuenta propia que provienen de naciones extranjeras asciende ahora a 406.382.
Cada uno de estos trabajadores autónomos ha debido cumplir con un proceso burocrático específico, ya que para que un emprendedor extranjero pueda llevar a cabo una actividad en territorio español, es necesario cumplir con una serie de requisitos, entre los que se incluye la elaboración de un plan de viabilidad. En España, existen dos leyes mediante las cuales las personas de origen extranjero pueden emprender: el Régimen General de Extranjería y la Ley de Startups.
En los últimos meses, se han producido cambios significativos que afectan directamente a los trabajadores autónomos extranjeros. Por un lado, con la aprobación de la Ley de Startups, que introduce la figura del nómada digital y otorga beneficios a todas aquellas personas interesadas en emprender en España. Por otro lado, con la reforma de la Ley de Extranjería, que establece condiciones más favorables para que los individuos extranjeros que deseen ejercer una actividad por cuenta propia en España puedan acceder a la residencia temporal o obtener un permiso de residencia por arraigo laboral.
El 16 de agosto pasado entró en vigor la reforma de la Ley de Extranjería en España, la cual introdujo cambios sustanciales en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta reforma busca proporcionar condiciones más favorables para que los extranjeros puedan obtener la residencia en España y emprender en el país, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el objetivo de facilitar la inserción en el mercado laboral de las personas que se encuentran en España, fortalecer las vías de migración regular y mejorar el sistema de gestión.
Uno de los cambios más significativos de la Ley de Extranjería es la posibilidad que se ofrece a los extranjeros de obtener un permiso de trabajo al darse de alta como trabajador autónomo, una opción que hasta la fecha no estaba disponible.
La reforma en el régimen general de extranjería trajo consigo importantes novedades. Una de ellas se relaciona con las tarjetas de residencia temporales. Antes de la reforma, los periodos de renovación eran primero de un año, luego de dos años y luego de otros dos años. Tras la reforma, después del año inicial, se renueva directamente por cuatro años.
Esta medida resulta crucial en el actual mercado laboral, ya que existe una urgente necesidad de trabajadores autónomos, mientras que los procedimientos de Extranjería pueden demorar varios meses.
Además, hay otra mejora importante, que es la vinculación de la renovación de la tarjeta de residencia con un permiso de trabajo, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, lo cual no era necesario anteriormente. Antes de la reforma, esto estaba ligado o bien a un permiso por cuenta ajena o bien a un permiso por cuenta propia.
Se ha eliminado este obstáculo burocrático, lo que incentiva a la comunidad extranjera a emprender en España. Asimismo, es importante mencionar que la flexibilidad para acceder al mercado laboral es bastante adecuada.
Otra modificación relevante en el reglamento de extranjería está relacionada con los estudiantes. Así, las personas que tengan un permiso de estancia por motivos de estudio y que cursen estudios oficiales podrán acceder a una autorización de trabajo. Esta autorización tendrá un límite de 30 horas y podrá utilizarse tanto para empleo por cuenta ajena como por cuenta propia. Hasta ahora, los estudiantes debían solicitar una autorización adicional a Extranjería, un proceso que, según el experto, a menudo llevaba mucho tiempo y no favorecía la incorporación de nuevos autónomos extranjeros.
En diciembre de 2022, el Congreso de los Diputados aprobó la versión final de la Ley de Startups, la cual incorporó ciertos cambios, incluyendo la introducción de un visado especial destinado a los llamados nómadas digitales. Según el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, estos son definidos como profesionales que trabajan por cuenta propia o para empleadores ubicados en cualquier parte del mundo, ejerciendo su labor en territorio nacional.
La creación de esta figura representa una de las novedades más destacadas en esta ley, ya que regula por primera vez el teletrabajo internacional. El objetivo principal de esta iniciativa es hacer que España sea un país más atractivo para emprendedores e inversores extranjeros.
Para alcanzar este objetivo, se ha establecido un visado especial para los nómadas digitales, dirigido a aquellos que trabajen por cuenta propia o para empleadores de cualquier lugar del mundo mientras estén en territorio nacional. Además, se han implementado una serie de medidas en áreas fiscales, mercantiles y migratorias, con el fin de facilitar el proceso de establecimiento de empresas emergentes (startups) y el encaje de residentes internacionales.
Así, ha habido modificaciones en los procedimientos y los plazos, lo que implica que el proceso puede llevar un poco más de tiempo, pero sigue siendo una vía más ágil y rápida en comparación con los trámites de Extranjería. La Ley de Startups es gestionada por el Ministerio de Trabajo, lo que agiliza el proceso.
La figura del nómada digital está diseñada principalmente para atraer talento, y es importante destacar que existe una demanda creciente. En Asesorae estamos recibiendo numerosas consultas sobre este tema, procedentes de personas que se encuentran en otros países y que desean acogerse a esta figura. Esto abre un panorama muy positivo.
Las personas extranjeras no comunitarias que poseen residencia temporal en España o se encuentran en sus países de origen y desean emprender en España, estableciendo una actividad por cuenta propia en el país, deben seguir un procedimiento burocrático específico.
En primer lugar, es necesario determinar el tipo de estancia o residencia que tienen en España. Si son extracomunitarios, es decir, de un país fuera de la Unión Europea, y su permiso de residencia es extracomunitario, deben verificar si su tipo de residencia les permite emprender directamente en las mismas condiciones que un ciudadano español. En caso contrario, deben llevar a cabo un paso previo con Extranjería, que implica solicitar un permiso de trabajo por cuenta propia. Si cuentan con un permiso comunitario, no es necesario realizar este trámite y, obviamente, si tienen la nacionalidad española, tampoco.
En segundo lugar, es necesario elaborar un plan de negocios para evaluar la viabilidad del proyecto. Las distintas organizaciones de autónomos, incluida la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), emiten un informe de valoración que luego se remite al Ministerio competente.
Tras elaborar el plan de negocios, es necesario preparar toda la documentación adicional que respalde el plan, ya que el plan de negocios por sí solo no es suficiente. Por ejemplo, si se planea abrir un local, se deberá presentar un documento que lo confirme. Todos los aspectos deben justificarse adecuadamente.
Una vez que se ha reunido toda la documentación necesaria, esta se envía a una de las asociaciones de autónomos para que evalúen su viabilidad, como la ATA. Las asociaciones emiten un informe favorable sobre el plan de negocios. Cuando todo es favorable, se presenta la solicitud ante Extranjería.
A continuación, es necesario esperar a que se resuelva la solicitud. Extranjería decide si aprueba o no la solicitud. En algunos casos, la solicitud puede ser rechazada, lo que puede ser perjudicial. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la solicitud se aprueba. Tras la aprobación por parte de Extranjería, el proceso continúa de manera similar al de los ciudadanos españoles: se procede al registro como autónomos ante Hacienda y la Seguridad Social.
